Las voluntades populares no son más o menos legítimas dependiendo del ámbito territorial de donde emanen o del tipo de voluntad que se tenga, como pretenden hacernos creer algunos.
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La Constitución del 78 es ligítima, además de ser el marco legal que regula la convivencia y los derechos y obligaciones de los ciudadanos de este país, por mucho que algunos piensen todo lo contrario, apelando a la primacía que tiene la voluntad popular sobre cualquier ley, aunque haya sido esta voluntad expresada en una manifestación más o menos concurrida; acusándola además, de anacrónica e injusta porque según ellos, no atiende a la libertad absoluta que debería permitir a una parte de los ciudadanos, para decidir sobre asuntos transcendentales al margen de cualquier ley, con lo cual, no puedo estar más en desacuerdo. Otra cosa es que el contenido de la Constitución no fuese susceptible de ser modificado, que lo es, siempre que existan razones que así lo aconsejen o haya una demanda mayoritaria de la sociedad para hacerlo, valiéndose, eso sí, de los cauces democráticos previstos en la misma, para hacerlo.
Contrasta como el blanco con el negro, la opinión que les merece a los que invocan con insistencia la primacía de la voluntad popular expresada en una manifestación de carácter identitario, con la que les merecen otra voluntades populares expresadas en otras manifestaciones en las cuales, se protesta por la mala gestión que hacen de los recursos públicos y la distribución injusta que hacen de ellos, disolviéndolas violentamente por la policía.
La Constitución Española, fue promulgada después de ser discutida y aprobada en el Parlamento español, cuyos diputados, fueron elegidos libre y democráticamente por los ciudadanos españoles. En su redactado y en su aprobación, participaron diputados de todo el arco parlamentario, desde el Partido Comunista de España hasta Alianza Popular (hoy PP), pasando por los partidos nacionalistas, y aprobada finalmente por el conjunto de los ciudadanos españoles en un referéndum por la inmensa mayoría de éstos.
Así que aquellos o aquellas que la deslegitiman están incurriendo en un acto de deslealtad irrespetuosa y anti democrática, aunque apelen a que la voluntad popular debe estar por encima de cualquier ley. ¿ Acaso la Constitución Española no es el resultado de un proceso democrático donde la voluntad popular tuvo la última palabra?. Las constituciones, en principio, no tiene fecha de caducidad; por lo tanto, el anacronismo que se le achaca a la española, que solo hace 34 años que está en vigencia, está fuera de lugar si comparamos su antigüedad con la de la inmensa mayoría de las constituciones democráticas del mundo.
No seré yo quien niegue que podía haber sido relativamente mejor y que de haberse redactado en otras circunstancias históricas diferentes el resultado hubiese sido distinto. Aunque también podía haber sido relativamente peor, porque la bondad y la maldad de las cosas, está sujeta al criterio diverso de las personas, a sus convicciones y sus conveniencias. La Constitución española es tan mala para la extrema derecha como para la extrema izquierda y tan mala para los nacionalistas vascos y catalanes, como para los nacionalistas españoles.
Lo que no se puede defender desde ningún punto de vista, es que haya voluntades populares con más legitimidad que otras, dependiendo del ámbito territorial de donde emanen y el tipo de voluntad que se exprese. Así que desde mi humilde punto de vista, cualquier proceso legislativo que se promulgue fuera del marco de la Constitución, incurre, no sólo en una ilegalidad, sino en la ilegitimidad que supone el desprecio a la voluntad popular de millones de españoles que votaron y aprobaron la Constitución Española por abrumadora mayoría.
Yo voté positivamente esta Constitución y no me arrepiento, más bien todo lo contrario, aunque haya en su articulado preceptos y párrafos refundidos o no, que no me gustaban entonces ni me gustan ahora, como seguramente la votaron otros y otras, como yo, pensando que podía haber sido mas adaptada a sus intereses y a su ideología, pero que dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que la sociedad en su conjunto es plural ideológicamente, tanto los unos como los otros, acabamos votando sí, como la mejor opción de las posibles.
Después de cuarenta años de dictadura militar, la Constitución del 78 supuso para los españoles, para todos los españoles, un soplo de libertad, de tolerancia y de democracia; en cuyo marco legal, estaban reconocidos todos los derechos básicos, inspirados en la carta de la ONU sobre derechos humanos, además de otros reconocimientos a la particularidad cultural y lingüística de cada una de sus comunidades. Negarle ahora a la Constitución legitimidad, me parece, cuando menos, injusto e irrespetuoso, cuando gracias a ella, algunos ciudadanos pueden hoy incluso haciendo uso de la libertad de expresión que ella consagra, expresar libremente su deseo de proclamar la secesión de su territorio.
