La biga y la paja

El 30 de junio de 1982 y en virtud de los acuerdos suscritos entre el partido del gobierno de entonces de  UCD de Calvo Sotelo y el PSOE, se aprueba en el Congreso de los Diputados la ley orgánica, L.O.A.P.A. (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) cuya filosofía y objetivos voy a obviar porque mi intención es poner de relieve  la disparidad de criterios que les ha merecido a los nacionalistas, tanto vascos como catalanes,  las sentencias emitidas por los tribunales de justicia españoles, dependiendo siempre del fallo.

La LOAPA, según los criterios de los nacionalistas, tanto de izquierdas como de derechas, era una ley que atentaba contra los intereses de todo tipo, de las comunidades autónomas llamadas "históricas" y además, creyeron que gran parte del articulado de dicha ley, era susceptible de ser anticunstitucional,  emprendiendo a partir de la aprobación, tanto la Generalitat de Cataluña, como el Gobierno Vasco, un alud de recursos ante el Tribunal Constitucional, sentenciando éste, al cabo de cierto tiempo, la inconstitucionalidad de la ley en gran parte de su articulado. Todos, tanto gobierno como la oposicion mayoritaria, acataron la sentencia con respeto,  y en base a lo quedó aprovechable, (14 de los 38 artículos que componían la ley, fueron declarados inconstitucionales) se elaboró otra nueva ley, teniendo en cuenta en esta ocasión, el veredicto que había emitido el TC.

No hubieron manifestaciones masivas ni escándalos mediáticos en contra de la sentencia; ni hubieron tampoco llamadas a la sumisión y desobediencia civil, por parte de los que los nacionalistas han dado en llamar tan despectivamente, la caverna mesetaria retógrada y fascista. No se tuvieron entonces en consideración, la legitimidad del Parlamento Español ni su soberanía, ante una ley que había sido aprobada por más de dos tercios de la cámara. Todo fueron, en cambio,  parabienes y agradecimiento hacia el alto tribunal, por entonces, por haber estado tan acertado y por haber hecho de la justicia, una herramienta al servicio de la verdad  y la razón; viendo en él, la garantía de que la justicia debía ser quién pusiera los puntos sobre las ies en este tipo de situaciones, donde debería prevarecer ante todo lo demás, el encaje de cualquier ley en la Constitución Española del 78, votada y refrendada por la inmensa mayoría del pueblo español.

Pasaron los años, y  en base a una iniciativa del PSC y alentada por el resto de partidos catalanes, (excepto el PP que se autoexcluyó de cualquier tipo de participación, por considerar que la propuesta atentaba contra la Constitución, la unidad de España y la solidaridad entre sus regiones) y por  el PSOE de Zapatero, ya en el poder, en un foro compuesto por dichos partidos, denominado "Pacte del Tinell", se acuerda elaborar un nuevo estatuto de autonomía  donde se mejoraría obtensiblemente el autogobierno de Cataluña, especialmente en asuntos identitarios y de gestión de los recursos. Se aprobó rapidamente dicho nuevo estatuto por parte de los partidos que lo habían articulado y se sometió a votación con la misma urgencia en el Parlament de Catalunya, por la mayoría de sus miembros. En posteriores votaciones y según está previsto en la ley, tanto por el Parlamento Español como por el Senado, fue tambien aprobado.
El 18 de Junio de 2006, se sometió a referendum, cuya participación fue del  48,85%  y fue aprobado por el 73,90% de los votos emitidos y el 35,43% de los ciudadanos llamados a votar.

A partir de entonces, el PP y otras instancias como el Defensor del Pueblo, plantean ante el Tribunal Constitucional un recurso donde figuraban buena parte del articulado del nuevo estatuto, siendo aceptado a trámite para su posterior revisión. Después de un larguísimo periodo de cuatro años donde no faltaron  desavenencia internas  por razones de representatividad y desacuerdos entre PP y PSOE, con respecto a su composición,  el Tribunal emite una sentencia en la cual,  parte del articulado del texto estatutario es declarado incontitucional.

Ante el fallo de TC, en este caso, la reacción de los partidos nacionalistas, socialistas y comunistas y parte de los medios de comunicación catalanes, fue completamente distinta a la que habían tenido con el fallo sobre la LOAPA. En este caso, se apeló a la legitimidad y la soberanía tanto del Parlamento Catalán como de las Cortes Españolas y la ciudadanía, que deberían -ahora que según ellos les perjudicaba- estar por encima de cualquier tribunal de justicia.

Esta vez si hubo convocatoria de manifestaciones, incluso presididas por el Presidente de la Generalitat, y todo tipo de actos de repulsa a la sentencia, donde el nivel de descalificaciones  y de falta de respeto hacia la figura del Alto Tribunal, fue y sigue siendo en Cataluña escandalosa; sin que nadie, eso sí, aportara ni un solo argumento jurídico con que justificar el desacuerdo con dicho veredicto, que según mi humilde entender, se ajustaba y se sigue ajustando al espiritu y a la letra del texto constitucional. Otra cosa es que haya dentro de la Constitución aspectos con los que discrepar, que los hay, no sólo desde el punto de vista nacionalista  tanto vasco como catalán, sino que hay ciudadanos que por su ideología y por su condición social y cultural, también les gustaría que la carta magna  encajara más en su forma de pensar y de sentir y atendiera  mejor sus intereses económicos, sociales y culturales. Pero una  Constitución no puede adaptarse al interés de un grupo determinado en detrimento del resto, sino que dentro de lo posible, en un estado capitalista, debe existir el máximo de aceptación, y para ello, existen suficientes  mecanismos políticos y jurícos que garantizan el ejercicio democrático de participar como votante a través de las personas que nos representan  en las diversas instituciones de cualquier ámbito del poder político, o como candidato aspirante a representar una opción política determinada. La Contitución Española no es una texto cerrado donde no exista la posibilidad  de reformas; no obstante, éstas, deben hacerse de acuerdo con  las normas y leyes establecidas para ello y no por el capricho o intereses de minorías.

Para cualquier democracia, supone un tremendo perjuicio, que partidos políticos e instituciones públicas, desacaten y tengan actictudes irrepetuosas con los veredictos de los tribunales de justicia, apelando incluso, a la desobediencia civil de sus ciudadanos; dando lugar con ello, a que éstos. se encuentren moralmente legitimados para incumplir cualquier ley u ordenanza. Poca autoridad moral tiene una institución pública que no se atiene al veredicto de un tribunal de justicia y  que incita, además, a los ciudadanos al desacato de la leyes.
Todo ello, ante  una sentencia que en ningún momento menoscaba ni prohibe el catalán en las escuelas sino que establece la obligación de que por parte de la Generalitat se tengan en cuenta el castellano como lengua cooficial,  en algunos casos, con respecto a la inmersión linguistica.
Nadie ha dado ante esta sentencia, ningún argumento jurídico que justifique el escándalo que han organizado los nacionalistas tanto de derechas como comunistas. Todo han sido consideraciones y opiniones completamente subjetivas, expresadas con visceralidad y falta de rigor jurídico. En un Estado de Derecho, las leyes están para cumplirlas y los veredictos de los tribunales para acatarlos.

La función de un tribunal, no es la de hacer leyes ni de modificarlas, sino de interpretarlas y aplicarlas desde criterios extrictamente jurídicos, sin tener en consideración ningún otro aspecto. Por lo tanto, debería ser sobre las leyes que consideramos injustas, contra las que deberíamos actuar y no contra las personas o las instituciones que se ocupan de aplicarlas. En el caso de Cataluña, tanto en el veredicto sobre el Estatuto, como en el reciente emitido por el Tribunal Supremo sobre la enseñanza del castellano en las escuelas, deberían sus detractores extraer de dichos veredictos, argumentos jurídicos que justificaran su malestar y no consideraciones políticas, y si no los encuentran, que utilicen los medios que el Estado de Derecho pone a su disposición, para cambiar cualquier ley por muy alto que sea su rango.

R. I. P. (Requiescat in pace) PSC.

R. I. P.   (Requiescat in pace) PSC.

El PSC ha perdido las elecciones por muchas razones, pero hay una especialmente que le ha hecho mucho daño, tanto como el que sufrirá el PSOE en cualquier elección que haya de aquí en adelante. Esa razón no es ni más ni menos que José Luís Rodriguez Zapatero. La desafección generalizada en todo el país hacia el Presidente y su gobierno y la desconfianza absoluta sobre su gestión, más que salpicar, ha pintado de negro al PSC, hundiéndolo sin remisión y reducciéndolo de forma dramática a un enfermo terminal, cuya sepultura, van a seguir cavando Zapatero mientras se mantenga en el poder.

Zapatero, si se ha distinguido en algo, es por estropear todo lo que ha tocado. Es un inepto incapaz de reconocer sus limitaciones y una persona que ha ejercido el poder desde una actitud completamente vanidosa y totalitaria deshaciéndose de todo aquel o aquella, susceptible de hacerle sombra o poner en duda su autoridad. Zapatero es, con diferencia, el peor presidente de gobierno que ha tenido este país en todo el periódo democrático. Por lo tanto, el PSC, cuya ligazón con el PSOE de Zapatero es total, ha pagado en sus carnes, en forma de resultados electorales, gran parte del batacazo que ha sufrido en las elecciones catalanas. Pero como a perro enfermo, todo son pulgas, El PSC ha tenido además, que conciliar (sin éxito por lo que se ha visto) dentro de su propio partido,  intereses contrapuestos, tanto desde el punto de vista socioeconómico como identitario.

En Cataluña, a los partidos de izquierda y especialmente al PSC, les ha  resultado mucho más problemático y más conflictivo, que en otras regiones españolas, conjugar y armonizar los asuntos de ideológía identitaria local, con los puramente socioeconómicos de izquierdas. Ante ese difícil equilibrio, la política ejercida durante las dos legislaturas en que ha estado en el poder, ha sido para unos, (la corriente más españolista o constitucionalista)  excesivamente centrada en asuntos identitarios, desentendiéndose de otros de tipo socioeconómico más urgentes y necesarios, y tambien, la sumisión permanente hacia ERC, que según estos, ha sido quién ha llevado la batuta del gobierno en las dos legislaturas. Para los otros (la corriente más nacionalista) el PSC ha ido a remolque del PSOE mostrando una fidelidad inaceptable, incluso, cuando, según ellos,  esta fidelidad y la lealtad a Zapatero, perjudicaba los intereses económicos, socioculturales y linguísticos de Cataluña.

Tampoco puede descartarse, que las continuas desavenencias en el seno del tripartito y la percepción de que cada uno de los partidos que lo formaban, estaban más interesados en obtener beneficio propio, que en gobernar como servidores del país, haya tenido también que ver con el descalabro, no ya del PSC, que ha sido el que peor parado ha salido, sino también ERC y en menor medida ICV.

Ante esta situacción de ruina política del PSC, cuesta mucho prever el futuro en su formato actual, porque dentro del espectro político catalán no hay ningún espacio ideológico vacante donde pueda ubicarse. Tanto ERC como CIU solaparían cualquier giro hacia posiciones más nacionalistas, incluso ICV;  y en el caso de que dicho giro fuera hacia posiciones mas españolistas y constitucionalistas, sólo podría subsistir como representante genuino del PSOE.  En este último caso, es donde, a mi entender, esta formación política tendría ciertas posibilidades de mantenerse como opción política para muchos ciudadanos de izquierdas pero alejados de cualquier posicionamiento nacionalista catalán.

En cualquier caso, va haber un antes y un después tras el estrepitoso fracaso electoral  obtenido el 28-N, que por la cercanía que los separa de las próximas elecciones municipales, puede prolongarse todavía más y perder cuotas de poder muy importantes en el ámbito municipal, como son las alcaldias de Barcelona y de las principales ciudades de Cataluña. Asi que si las previsiones no fallan, el PSC puede estar viviendo sus últimos meses como tal y de cuyas ruinas, es previsible, que a la  ya abundante y variada oferta de formaciones políticas existentes en Cataluña, haya que agregarle  un PSOE, limpio de polvo y paja  y un  PSC renovado y nacionalista.