Viva la Constitución del 78
(A.T.S) 6 de Diciembre de 2009
Cualquier constitución o carta magna, como se ha dado en llamar, no está hecha a la medida y al gusto de toda la sociedad a la que va dirigida. Cualquiera de nosotros cambiaría alguno o muchos de sus artículos en función de nuestra clase social, nuestras ideas políticas y nuestra filosofía de la vida. No obstante, creo, que para que cualquier constitución sea considerada verdaderamente democrática, en lo fundamental debe reconocer en primer lugar, los derechos y libertades suficientes como para dignificar como ser humano a cualquiera de los ciudadanos en su ámbito de aplicación.
La Constitución Española, cumple ampliamente con los preceptos exigibles a una constitución democrática, consagrando el Estado de Derecho; el reconocimiento a los derechos humanos universales; a los derechos individuales y colectivos de asociación, reunión y libertad de expresión; el derecho a elegir a sus representantes políticos en sus instituciones, en los ámbitos estatal, regional, municipal, etc.
Como cualquier otra constitución, por muy democrática que sea, contienes defectos o ambigüedades cuya magnitud e importancia, puede variar dependiendo de los intereses politicos y sociales de cada cual. La Constitución Española del 78, fue redactada y promulgada en una coyuntura sociopolítica muy especial, en la cual estaban todavía muy presentes los poderes fácticos del franquismo, por cuya circunstancia, algún que otro pasaje de su articulado puede prestarse a interpretaciones diversas y controvertidas por su ambigüedad . Una ambigüedad intencionada y consensuada por el amplio espectro político de aquellos días, con el propósito de dejar una puerta abierta a futuras lecturas, que pudieran adaptarse a la realidad de cada momento histórico.
Hoy, 31 años después, esa ambigüedad tiene un interprete que debería ser respetado y reconocido por todos: el Tribunal Constitucional. Como cualquier otro tribunal, está formado por personas y por lo tanto, la interpretación que hagan puede no ajustarse a la interpretación que se hace desde otros ámbitos políticos y territoriales,con una diferencia, eso sí: mientras el tribunal esta formado por profesionales de reconocido prestigio en la materia, los que suelen estar en contra de sus decisiones, suelen ser en su mayoría, profanos que no tiene ni puta idea de leyes e interpretan su contenido en función de sus intereses particulares, pero sin ningún rigor intelectual.
En estos momentos, y después de casi tres años de deliberaciones, este tribunal está a punto de emitir el fallo sobre el recurso presentado por el Partido Popular sobre el Estatuto de Cataluña. Un fallo que no debería ser complicado porque hay suficiente jurisprudencia sobre la interpretación de las partes recurridas de dicho Estatuto, emitidas anteriormente por este tribunal. Otra cosa es que ante la atroz presión coactiva y chantajista por parte de las altas instancias políticas de Catalauña que ha recibido desde el primer día, dicho tribunal opte por bajarse los pantalones y emita un fallo político más que jurídico, en cuyo caso, parte importante de la esencia del Estado de Derecho, se iría al carajo, dejando a merced de los intereses políticos imperantes en cada momento de ciertas minorías, la resolución de cualquier conflicto constitucional.
En lo personal, el que sea un ciudadano catalán de pleno derecho, no me obliga a sentime vinculado politicamente, ni mucho menos moralmente, a esa vergonzante falta de respeto hacia las legítimas y constitucionales decisiones que tome el alto tribunal, sea cuales fueran. Mi dignidad, lo quiero dejar claro, no depende de las decisiones que tome el constitucional en un sentido o en otro; y no me gusta que se me incluya a mi y a mi dignidad en ese paquete mediático lanzado contra dicho tribunal, con el objeto de influir a priori en sus decisiones por algunos medios. A mi tampoco me gustan muchas cosas escritas en las leyes de ámbito catalán, pero las respeto y me aguanto, por no decir algo más irreverente.
Desde mi humilde, y posiblemente equivocado punto de vista, si por parte de altas instancias de la política como pueden ser, presidentes de las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, etc, no se le reconoce al Tribunal Constitucional autoridad para interpretar y emitir un fallo sobre las leyes que se somenten a su criterio, a mi, ciudadano de a pie, se me está legitimando para creer que cualquier otro tribunal de inferior categoría y ámbito, carece de cualquier tipo de autoridad moral y política sobre mi. Si la Constitución Española, que votaron el 65% del censo español, con un 90% a favor, no merece ni tiene legitimidad para algunos, qué ligitimidad pueden tener otras consultas de ámbito regional, cuya participación no llegó al 30% por muy mayoritario que fuera el voto afirmativo?
